La creciente expansión de la inteligencia artificial implica muchos cambios. Uno de los más importantes, que ya divisan las instituciones europeas, es de tipo jurídico. Si existen robots cada vez más sofisticados, si los sistemas son capaces de aprender por sí solos, si cada vez son más autónomos, tal vez sea hora de evolucionar el concepto de máquina.

Hasta el momento, una máquina no dejaba de ser un producto producido por un fabricante. Es cierto que podía contener un software que lo gobernara y que este podía no haber sido desarrollado por el mismo fabricante. Pero el posicionamiento de una máquina industrial, un automóvil o un ordenador estaba claro.

Sin embargo, la introducción de la inteligencia artificial nos lleva a que algunas máquinas puedan tomar decisiones autónomamente. En el futuro, estas acciones probablemente, se lleven a cabo sin la vigilancia de un supervisor humano. Pero además, estos sistemas son ahora capaces de aprender por sí mismos. El machine learning y el deep learning están popularizando tecnologías capaces de entrenarse y mejorar con el paso del tiempo.

Estos dos aspectos aportan un salto de autonomía significativo con respecto a lo que las máquinas hacían hasta ahora. Y ambos componentes, aplicados a la robótica –cada vez son más capaces de hacer nuevos trabajos–, han sembrado el dilema entre los expertos. ¿Se debe reconocer una personalidad jurídica a los robots?

La Comisión Europea prepara una directiva sobre Robótica e inteligencia Artificial que ha suscitado fuertes críticas. La polémica se sitúa en una expresión que recoge un informe del Parlamento Europeo. En él se habla de garantizar a los robots que pueden aprender por sí solos de una “personalidad electrónica”.

En esta terminología se resumiría todo el estatus jurídico de los robots. Y es que, el reconocimiento de una “personalidad electrónica” implica reconocer una individualidad y, por consiguiente, una responsabilidad legal. Sin embargo, en una carta enviada al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, más de 200 especialistas en la materia de 14 países europeos se han mostrado en contra de esta medida.

El estatus jurídico de los robots, formulado de esta manera, significaría que ante cualquier daño que haga un robot autónomo, este podría ser responsabilizado individualmente. Básicamente, sería equiparar a los robots autónomos con la personalidad jurídica que también tienen las empresas. A estas se les puede exigir responsabilidad legal si causan daños o incurren en faltas por su actividad.

Los expertos en inteligencia artificial, en cambio, inciden en que esta fórmula de personalidad electrónica dejaría sin efecto la responsabilidad de los fabricantes. Señalan que este estatus jurídico no tiene que ver con la garantía de derechos sino con la gestión de las obligaciones.

Imágenes: Ryan Somma, mikecogh

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